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La fisura producida en el mineraloducto que transporta el concentrado de
cobre que produce Minera Alumbrera consumió la mayor parte de la sesión que
hoy llevó a cabo la Cámara de Diputados.
Arrancó
Pilar Kent de Saadi (PJ), esgrimiendo que “lo alarmante es que la propia
empresa informó del hecho al órgano de control, la Secretaría de Minería,
cuando ya se estaban realizando los trabajos de reparación, mostrando la
deficiencia en la mecánica de control por parte de la autoridad de
aplicación”.
Una serie de
interrogantes expuso la legisladora sobre la causas de la fisura y preguntó
si alguien evaluó los daños irreversibles que se está produciendo al medio
ambiente, “planteos que nadie ha contestado a la oposición política, ni
mucho menos a la comunidad afectada”, y citó las filtraciones del dique de
cola que a su juicio “están impactando negativamente en su área de
influencia”.
Recordó que
“desde hace mucho tiempo atrás venimos reclamando la participación de
organizaciones imparciales y especializadas en la materia, en su caso podría
ser Greenpace, para evaluar los graves hechos varias veces denunciados”, y
desafió a que alguien desmienta que “tenemos agua contaminada, energía
contaminante, descontrol en materia de residuos tóxicos y, por si fuera
poco, la descontrolada extracción de minerales también contaminantes”.
Recogió el
guante el presidente de la comisión de Minería, diputado Pablo Gaffet
(FCyS), retrucándole que “rigurosos estudios técnicos especializados han
demostrado la inexistencia de contaminación”, lo que contrapuso con los
argumentos de quienes “ligeramente hablan sin fundamentos científicos”. Al
mismo tiempo, comentó que en la reunión extraordinaria que esta mañana
mantuvo la aludida comisión con el secretario de Minería, José Sinner
“muchas de las dudas y preguntas fueron correctamente evacuadas”, a la vez
que instó a “uniformar criterios basándose en una formación científica,
porque la comunidad espera de nosotros que podamos abordar este tema con
información veraz y fundada debidamente sobre base científica y con
irrefutables elementos probatorios, para no generarle confusión, zozobra y
garantizarle tranquilidad”.
“Sinner nos ha
manifestado que el material que conduce el mineraloducto que tuvo este
derrame, no tiene elementos contaminantes, esto fue verificado; pero a ello
se suma el contralor que realizan organismos tanto nacionales como
instituciones privadas. También dejó totalmente aclarado que existe un
relevamiento de todas las cuencas de agua de la zona de explotación minera y
que tiene siete controles periódicos y permanentes y ninguno de los mismos
ha detectado contaminación del agua”, aseveró.
Precisó que
“es importante que dejemos aclarado a la comunidad que, cuando se va a
desarrollar una actividad minera, en el momento en que se aprueba el informe
de impacto ambiental también se aprueba un manual de contingencias, en el
que está establecido cómo deben actuar las empresas ante situaciones de
emergencia, por lo tanto no hay ninguna improvisación, al contrario la
participación de la policía minera fue efectiva”.
Gaffet,
transmitió a la comunidad “la tranquilidad de que el gobierno de la
provincia, a través de la secretaría de Minería y de la policía minera, está
llevando los controles respectivos”.
A su turno,
Juan Aguirre (PJ), hizo saber su “preocupación” por el derrame, objetó
los controles e informes oficiales, de la reunión con Sinner confesó
que “ninguna explicación” del funcionario le trajo tranquilidad “ni mucho
menos me dejó satisfecho”, advirtió “la incertidumbre que la situación
genera en la población”, postuló que “sean otras las empresas u
organizaciones imparciales que tomen las muestras y hagan los análisis”,
bregó por “la minería responsable, con otras reglas de juego”, y pidió que
si el ducto se vuelve a romper que “se suspendan las operaciones hasta tanto
los informes aclaren la situación”.
Desde la
bancada del kirchnerismo, su presidenta Egle Altamirano demandó
“políticas de Estado” en materia de minería “a la que nadie dice que no,
pero que se haga de manera responsable”, y se plegó a la idea de que
participen “otros organismos, que no estén vinculados al Estado, para que
ayuden a certificar”. Entretanto, el diputado Raúl Jalil (FPV),
exigió “dotar de mayores recursos humanos y técnicos a los órganos de
control”, consideró que “del diálogo entre el gobierno y la oposición
debería surgir una política minera”, coincidió en darles intervención en los
controles a las entidades intermedias”, y expresó que “vería con agrado que
Catamarca trabaje más con provincias vecinas en un proyecto regional”.

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