CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL

INVESTIGADORA POR LA TRAGEDIA DE LA ALCAIDÍA

 

El diputado Hugo Argerich presentó un proyecto de decreto por el que dispone crear la Comisión Especial Investigadora de la Tragedia de la Alcaidía de Menores la que estará integrada por cinco diputados, de los cuales tres representarán al Interbloque y dos al frente Cívico y Social.

 

La Comisión Especial Investigadora tendrá amplias facultades para investigar y determinar, en un plazo perentorio de sesenta días, lo siguiente: Condición procesal en la que se encontraban los menores alojados en la Alcaidía Policial; Medidas de seguridad contra incendios existentes en la Alcaidía Policial al momento de producirse el siniestro. Entre ello, si los colchones existentes eran ignífugos y si existían matafuegos aptos para controlar el fuego producido durante el siniestro; Si el establecimiento cuenta con planos contra incendios y si fue inspeccionado por la Dirección de Bomberos en forma previa a su habilitación.; Si el establecimiento se encuentre apto para alojar en sus dependencias a Menores de Edad y la autoridad que dispuso su funcionamiento como Alcaidía de Menores.

Como así también, causas del siniestro y motivos por lo que los menores supuestamente tenían un encendedor en su poder; Tiempo transcurrido entre el inicio del incendio y el momento en que se asistieron a las victimas; Responsabilidad de las autoridades del área de seguridad de la Provincia, incluida la del Ministro de Gobierno; Responsabilidad de la Justicia de Menores y todo otro aspecto que posibilite determinar las responsabilidades de todos los actores intervinientes y evitar sucesos como el acontecido.

La Comisión Especial Investigadora deberá elaborar un informe al pleno de la Cámara de Diputados, dentro del plazo previsto, en donde propondrá las medidas a adoptar y, si correspondiere, las denuncias a realizar.

En los fundamentos, el diputado Argerich expresa que “la gravedad de este suceso que se suma a otra tragedia similar acaecida en el año 1.993 en donde perdieron la vida 13 reclusos en la cárcel local, debe ser investigada y sancionada con la mayor rigurosidad prevista en la normativa de fondo”.

“Según consigna la crónica policial, el incendio se habría producido en una de las celdas de la Alcaidía Policial, actualmente denominada anexo de la Comisaría de la Mujer y el Menor, sita en avenida Colón y Buenos Aires, minutos después de las 14:30 hs del día sábado 10/09/11. El relato de dicha crónica policial abre un gran número de interrogantes que deben ser develados en nombre de la verdad y la justicia”, continúa.

Detalla los interrogantes, “el primero de ellos está referido a conocer cuáles eran los motivos que llevaron a la Justicia de Menores  a alojar en dicha dependencia policial a esos menores y en qué  condición legal se encontraban los mismos; es decir, necesitamos conocer la situación procesal de cada uno de ellos y en segundo lugar, el gran interrogante que se plantea está referido a las causas que originaron el incendio y a la responsabilidad directa del personal que se encontraba de turno al momento de producirse el mismo”.

Añade, “es bueno recordar que la Constitución Nacional expresa en su artículo 18° in fine que ‘Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al Juez que la autorice’.

“Concordante con lo anterior, el artículo 37° de la Constitución Provincial reza que: ‘Las cárceles son destinadas para seguridad y no para mortificación de los presos. Las penitenciarías creadas por la ley, serán reglamentadas de manera que constituyan centros de moralización, de instrucción y de trabajo’”.

Por último, menciona que “las autoridades del Gobierno Provincial deben dar la cara y explicar a la sociedad lo sucedido. Lo mismo para las autoridades judiciales, deben investigar a fondo, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. Como legisladores tenemos la obligación de cumplimentar el principio republicano de control de los actos del Estado Provincial; mas aun cuando cuatro adolescentes perdieron la vida mientras se encontraban bajo la custodia de dicho Estado”.