_{Pide que el Tribunal de Cuentas informe sobre el destino de los Fondos de Regalías Mineras por parte de los Municipios}

El diputado Marcelo Rivera (PJ) presentó un proyecto de resolución que en la última sesión tomó estado parlamentario, el cual se dirige al Tribunal de Cuentas de la provincia a los fines de solicitar desde la Cámara de Diputados copia certificada de los proyectos presentados por los distintos municipios, ejecutados o a ejecutarse con fondos de regalías mineras según lo establecido en la Ley 5128. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Hacienda y Finanzas para su correspondiente tratamiento.

 Del mismo modo, se requiere al Tribunal de Cuentas copia certificada de los informes producidos por los auditores de cada uno de los proyectos anteriormente mencionados. Asimismo, el informe de los proyectos que debieron ser suspendidos y según el artículo 26º de la Ley 4621, los departamentos Ejecutivos insistieron en su consecución, y copia certificada de las observaciones cursadas a los Concejos Deliberantes.

Este proyecto está fundamentado en el planteamiento de Rivera que en carácter de representantes del pueblo “tenemos el derecho y la obligación de conocer cómo son gastados los fondos que provienen de recursos naturales provinciales, peor en atención a las autonomías municipales, aunque el mismo surja de disposiciones legales emanadas de la Legislatura”.

Por  este motivo, es que a través de este proyecto se solicita al organismo contralor y fiscalizador provincial de las cuentas públicas –Tribunal de Cuentas- que remita toda la documentación expresada en esta iniciativa, que forma parte de la responsabilidad de este organismo, dependiente del Estado Provincial.

Por último, considera lamentable que “las instituciones se ciñan tan estrictamente a las disposiciones reglamentarias de un Poder del Estado, obviando deliberadamente preceptos constitucionales para evitar transparentar los actos de gobierno y en su caso aprovechar la dilación temporal para permitir que los municipios que gozan de la protección del Poder Ejecutivo puedan cumplir con las exigencias legales en materia de aprobación, ejecución y justificación”.